Tomado de http://www.attacmadrid.org/?p=1894
La semana pasada se montó una escandalera nacional a propósito de un acto público de solidaridad con el juez Garzón que la derecha política y mediática, sin duda para hacer olvidar el escándalo Gürtel, aprovechó para rasgarse las vestiduras escenificando su histriónica indignación por lo que calificó de ataque antidemocrático contra el sacrosanto poder judicial. ¿Antidemocrático? Es verdad que en aquel acto, celebrado en sede universitaria (mi propia universidad), un antiguo miembro de ese mismo poder judicial (el fiscal retirado Jiménez Villarejo) pronunció graves descalificaciones contra el juez que instruye la causa contra Garzón y contra los magistrados del Supremo que han de juzgarle. Pero eso no significa que se estuviera violando la separación de poderes, y mucho menos la independencia del judicial.
Es verdad que el poder judicial ha de ser independiente (independencia que al parecer el Supremo no reconoce a Garzón). Pero de ahí a deducir que es intocable y que no se le puede criticar en público, porque ello constituiría un delito de lesa majestad, media un abismo. El poder judicial merece el mismo respeto que los otros dos poderes. Y si la derecha se arroga el derecho a insultar gravemente al ejecutivo y al legislativo, ¿por qué no podría la izquierda descalificar al judicial? Se dice que la magistratura ha de ser respetada por encima del Gobierno y del Parlamento porque estamos en un Estado de derecho. Pero lo que implica el Estado de derecho es el imperio de la ley, no el imperio de los jueces, que están tan obligados a cumplirla en su letra y espíritu como el resto de los mortales. Y cuando los jueces violan el espíritu de la ley, como el fiscal Villarejo y muchos ciudadanos creemos que están haciendo los jueces del Supremo, entonces tenemos legítimo derecho a elevar la voz para denunciarlo en público.
Lo que están haciendo sus colegas contra Garzón es un caso típico de alguacil alguacilado. Es decir, en este caso, de prevaricador prevaricado. Parece ser cierto, a juzgar por lo que dicen los técnicos, que los sumarios instruidos por él pecan por falta de rigor. Sobre todo en el caso de las víctimas ajusticiadas por los franquistas en la Guerra Civil, a las que todavía no se ha hecho justicia. Y Garzón intentó hacérsela, pero utilizando un procedimiento tan equivocado que él mismo tuvo que rectificar, renunciando a instruir el sumario. Ergo no llegó a haber delito de prevaricación. Esta figura delictiva es confusa y difícil de aplicar, pues no se sabe dónde acaba la independencia del juez y empieza la prevaricación, creándose amplio margen para la inseguridad jurídica. Por eso, esta figura podría aplicarse todavía con mayor razón al juez Varela que al juez Garzón. Veamos por qué.
En realidad, un juez sólo puede prevaricar en dos supuestos. El primero es cuando acepta cohechos de justiciables sujetos a su jurisdicción o los extorsiona para obtenerlos, según el infame ejemplo del juez Estevill. Se podrá alegar que éste es el caso del juez Garzón con el señor Botín, pero eso sería rizar el rizo del formalismo rigorista, lo que ya fue rechazado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Por lo demás, todos los jueces asisten a seminarios patrocinados por la banca: y en esto, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
En cuanto al segundo supuesto de prevaricación, se produce cuando el juez administra justicia en contra de una persona física o jurídica con manifiesta parcialidad. El ejemplo reciente más notorio es el del juez Gómez de Liaño, que montó una causa falsa contra el Grupo PRISA y sus principales responsables en el caso Sogecable, mereciendo la condena del Supremo por prevaricación (e incluso entonces la Corte de Estrasburgo sancionó a España por no haberse juzgado a Liaño con imparcialidad). Y este mismo supuesto es el que ahora se le quiere imputar a Garzón en el caso de las víctimas del franquismo.
Pero este segundo supuesto, que sí se le podía imputar a Liaño, en absoluto se le puede aplicar a Garzón. Para que ese segundo supuesto de prevaricación tenga consistencia hace falta que existan víctimas de la prevaricación. Víctimas como PRISA, Cebrián y Polanco en el caso Liaño. Pero en el caso Garzón no hay víctimas. ¿O es que acaso Falange Española y Manos Limpias son víctimas del prevaricador Garzón? No, a Garzón se le está acusando de un delito sin víctimas. Pues las únicas víctimas que hay en este caso son las del franquismo, que todavía no han obtenido tutela judicial efectiva (como Garzón intentó ofrecerles aunque fracasó). Y si no hay víctimas no hay delito de prevaricación. En cambio, en la causa que instruye Varela contra Garzón, sí que hay una víctima designada de antemano, por lo que quizá se esté incurriendo en el segundo supuesto de prevaricación.
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